El Ejecutivo nacional envió al Congreso un proyecto de ley que propone derogar el decreto 929/2013, clave para el desarrollo de Vaca Muerta, y redirigir los beneficios hacia el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
El Gobierno nacional envió al Congreso un proyecto de ley con medidas para el sector energético que incluye la derogación del decreto 929/2013, conocido en la industria como “decreto Chevron”. Esta norma fue clave para el desembarco de Chevron junto a YPF en Loma Campana y para el desarrollo inicial de Vaca Muerta a gran escala.
La iniciativa también propone eliminar los artículos 19 a 22 de la Ley 27.007, que ampliaron los beneficios previstos por ese decreto, y el decreto 277/2022, que creó mecanismos de acceso a divisas para la producción incremental de petróleo y gas.
El argumento oficial es que esos instrumentos cumplieron una función en un contexto anterior, marcado por restricciones cambiarias y dificultades para atraer grandes inversiones. En el mensaje elevado al Congreso, el Ejecutivo sostuvo que “si bien las referidas normativas fueron instrumentos adecuados”, corresponde finalizarlas porque “otorgan beneficios que el Estado nacional no puede continuar sosteniendo”.
La Casa Rosada plantea que el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) ya ofrece un marco suficiente para los proyectos de escala en hidrocarburos. Ese esquema contempla beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios, además de estabilidad jurídica de largo plazo para las inversiones que cumplan con los requisitos previstos en la normativa.
El decreto 929/2013 creó el Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos. La norma permitía a los proyectos con inversiones superiores a US$ 1.000 millones en cinco años disponer libremente del 20% de la producción para exportaciones y quedar eximidos del pago de derechos de exportación sobre ese volumen. Ese régimen fue asociado al acuerdo entre YPF y Chevron para desarrollar Loma Campana, en Neuquén.
El proyecto oficial no eliminaría los derechos adquiridos por las empresas que ya ingresaron al régimen. De aprobarse la ley, los beneficiarios actuales del decreto 929/2013 mantendrían la posibilidad de exportar el 20% de su producción sin retenciones hasta que se cumplan las causales de cese previstas en la normativa original.
La Ley 27.007, sancionada en 2014, extendió parte de esos beneficios a proyectos con inversiones menores, de US$ 250 millones en tres años, con alcance sobre desarrollos convencionales, no convencionales y offshore. El decreto 277/2022, en tanto, creó el RADPIP y el RADPIGN, dos regímenes destinados a facilitar el acceso a divisas para quienes incrementaran la producción de petróleo y gas.
El proyecto incluye otros capítulos energéticos, como la reducción de subsidios por zona fría ampliados en 2021, un esquema de compensación de deudas con Edenor y Edesur, y la extensión de beneficios para energías renovables, con estabilidad fiscal por 20 años.