En Comodoro Rivadavia, el precio de la garrafa de 10 kilos alcanza los $25.000, mientras que el nuevo esquema de subsidios nacionales impone restricciones que complican el acceso. El municipio mantiene el Plan Calor como única asistencia directa.
En Comodoro Rivadavia, calefaccionarse sin red de gas natural se volvió una carga cada vez más difícil de sostener. Actualmente, la recarga privada de una garrafa de 10 kilos cuesta entre $20.000 y $25.000. Para una familia tipo, el consumo mínimo es de una por semana, lo que representa un gasto cercano a los $100.000 mensuales solo para cocinar y calefaccionarse, más el costo del envase que puede alcanzar entre $100.000 y $120.000.
Este escenario ocurre en pleno invierno patagónico, que cada año registra temperaturas extremas. A nivel nacional, el histórico Programa Hogar fue reemplazado por el régimen “Garrafa Social”, que establece un reintegro de hasta $9.593 por unidad de 10 kilos (máximo dos garrafas mensuales en los meses fríos), cubriendo menos de la mitad del valor real del producto. El acceso está condicionado a la inscripción en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF) y exige medios de pago digitales, lo que deja afuera a adultos mayores y familias sin acceso a tecnología bancaria.
Organizaciones sociales advierten que este esquema implica un recorte, no solo por el monto sino por las trabas administrativas. En el ámbito local, no existe un programa de asistencia directa para la compra de garrafas. El año pasado se evaluó una ayuda para 1.200 familias, pero no avanzó por dificultades logísticas y administrativas. La única política activa es el “Plan Calor”, que entrega leña de quebracho colorado proveniente de Santiago del Estero, con un costo total cercano a los $400 millones por temporada. La provincia aporta entre $60 y $90 millones, y el municipio más de $300 millones. Si bien alivia a muchas familias, la leña no reemplaza totalmente el uso de garrafas, especialmente en viviendas sin instalaciones adecuadas.
La situación evidencia falta de articulación entre los niveles del Estado: el gobierno nacional redujo subsidios y endureció condiciones, mientras que provincia y municipio no lograron implementar soluciones específicas para el gas envasado. Las familias quedan en el medio, con costos crecientes y asistencia insuficiente.