A 50 años del 24 de marzo de 1976, siento la necesidad de volver a mis 26 años de entonces para contarle a las nuevas generaciones lo que significa para un joven perder el derecho a la libertad en el sentido más absoluto. Es perder la libertad de expresar tus ideas, es perder tu derecho a la participación política, gremial, estudiantil. Un golpe genocida como el de 1976 hizo que miles de jóvenes, mujeres y hombres perdieran el más preciado de los derechos: el derecho a la vida.
Hoy, desde el gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel se apela al negacionismo para impulsar el indulto a los genocidas condenados. Por eso es necesario recordar nombres propios de personajes nefastos que se definieron como tales con sus propias palabras. Ellos marcaron el sello ideológico del genocidio.
En octubre de 1975, antes de convertirse en dictador, el general Jorge Rafael Videla advirtió en una reunión de Ejércitos americanos: “Si es preciso, en Argentina deberán morir todas las personas necesarias para lograr la seguridad del país”. Para Videla, el crimen era una “necesidad”.
El exgobernador de facto de la provincia de Buenos Aires, Ibérico Manuel Saint Jean, fue más preciso todavía: “Primero mataremos a todos los subversivos, luego mataremos a sus colaboradores, después a sus simpatizantes, enseguida a aquellos que permanecen indiferentes y finalmente mataremos a los tímidos”. Ésa era la ideología de los ejecutores del genocidio.
Por encima de ellos, como gestor del golpe de Estado, estaba el poder económico, encarnado en José Alfredo Martínez de Hoz, ministro de Economía del régimen.
Icono de la burguesía, Martínez de Hoz reivindicó el genocidio: “Las guerras nunca se pelean con guantes blancos”, sostuvo, y admitió que se habían utilizado “métodos drásticos”, un eufemismo de los secuestros, las torturas y el exterminio.
Martínez de Hoz lo dijo el 20 de septiembre de 1978, en Estados Unidos, en respuesta a un integrante de Amnistía Internacional que preguntó sobre el destino de los desaparecidos (diario La Prensa del 21/9/78, citando un cable de la agencia UPI).
Con el retorno de la democracia, en diciembre de 1983, se inició un largo camino lleno de obstáculos y traiciones al mandato popular. El “Nunca más” de la Conadep y el Juicio a las Juntas Militares fueron aplastados por el Punto Final y la Obediencia Debida de Raúl Alfonsín y los indultos de Carlos Menem.
La deuda externa y la dependencia se solidificaron con otro personaje nefasto, Domingo Cavallo, ministro de Economía de Menem y de Fernando de la Rúa.
Hay que recordar que un personaje clave de la crisis del 2001 fue Patricia Bullrich, ministra de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos y de Seguridad Social del gobierno de la Alianza, encabezado por De la Rúa. Bullrich asumió en medio del escándalo de la Ley Banelco y le puso su firma a los recortes de los salarios estatales y a las jubilaciones.
Otro déficit de la democracia, en más de cuarenta años, es la siempre vigente violencia institucional hacia los sectores populares. Siguen las torturas en comisarías y cárceles, igual que el flagelo del “gatillo fácil” de las fuerzas de seguridad.
A partir del 2003, con los sucesivos gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner se produjo el demorado retorno a los juicios por crímenes de lesa humanidad, un hecho positivo fruto de la resistencia popular encabezada por Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.
De todas maneras, la economía siguió en bancarrota y la deuda externa continuó su marcha acelerada. El descrédito condujo al gobierno de Mauricio Macri, con Bullrich como ministra de “Seguridad”. La pandemia y Alberto Fernández hicieron el resto, para llegar al momento actual, con el gobierno más depredador, cipayo y autoritario de 1983 a la fecha.
Hoy, el presidente Milei, siguiendo el rumbo que le marcan los Caputo, Sturzenegger y el FMI, retomó el plan económico de Martínez de Hoz. Hoy se aplica la misma política que, a partir de 1976, destruyó la industria, elevó la desocupación a límites escandalosos y encadenó al país al cepo de la usura internacional con el crecimiento descomunal de la deuda externa. El pasado es presente en Argentina, con la evidente responsabilidad de los políticos tradicionales.
Vamos camino al desastre, pero la prensa canalla sigue vendiendo espejitos de colores. Esa línea editorial se consolidó en la dictadura, cuando Clarín, La Nación y La Razón recibieron como regalo la planta de Papel Prensa, inaugurada el 26 de septiembre de 1978.
En aquel acto, el dictador Videla afirmó: “Es menester que quien informa goce de entera libertad (…) Lo esencial es formar opinión con valor y coraje para decir todo lo que haya que decir, sin callar nada y sin faltar a la verdad. Pero a veces es indispensable callar y mantener un prudente silencio, cuando está en juego el bienestar común”.
Ese día, los grandes medios sepultaron la libertad de prensa. En el acto estuvieron presentes –y acataron la orden— Ernestina Herrera de Noble, Héctor Horacio Magnetto, Bartolomé Luis Mitre y Patricio Peralta Ramos. Clarín, La Nación y La Razón.
Como las historias se repiten, es necesario reivindicar y continuar la lucha de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Una senda que hoy están marcando las marchas de los miércoles en el Congreso, los jubilados, los trabajadores, las organizaciones feministas que nos están señalando el camino.
Y por supuesto, hay que seguir bancando a figuras como Myriam Bregman. Hay que luchar para dejar de lado las medias tintas, fortaleciendo a la izquierda y a todos los que, desde distintos ámbitos, seguimos el rumbo que nos marcaron los 30 mil detenidos-desaparecidos. Mantenernos unidos en la lucha para que sigan las condenas en los juicios por crímenes de lesa humanidad y para que se produzcan cambios profundos en lo político, lo económico y lo social.
La lucha conjunta fue la que permitió condenar, hasta hoy, a más de 1.200 genocidas. Ni un paso atrás.