Las usurpaciones han sido una constante en la historia de crecimiento de Comodoro Rivadavia. Sin embargo, desde la actual gestión municipal aseguran que hoy existe una política de “tolerancia cero” frente a las ocupaciones ilegales. Desde el municipio destacan que la participación de los vecinos para denunciar es clave, ya que “es imposible hacer un control cuadra por cuadra”.
El secretario de Desarrollo Territorial, Bruno Hernández, aseguró esta mañana – en diálogo por Seta TV – que desde el inicio de la gestión se reforzaron los controles para impedir usurpaciones y ocupaciones ilegales, y subrayó que la política es aplicar la normativa “de manera taxativa”, con sanciones que pueden incluir hasta 20 años de inhabilitación para acceder a tierras públicas.
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“Sí, la realidad es que desde el día que empezamos a trabajar lo hicimos fuertemente en lo que es el control normativo de la Ordenanza General de Tierras, evitando y ejerciendo el poder de policía por parte del Estado para no permitir usurpaciones ni ocupaciones ilegales. Entendiendo, y sobre todo informando a la gente, que no es el camino; el camino debe ser el cumplimiento normativo por la vía del deber ser”, expresó.
En ese marco, indicó que se intensificaron recorridas preventivas con empleados municipales y se promovió una mayor participación vecinal. “El Estado es enorme y la comunidad también; es imposible hacer un control cuadra por cuadra. Por eso trabajamos de manera coordinada con vecinos y vecinales, dándoles un número de reclamo para denunciar posibles usurpaciones”, explicó.
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La denuncia de los vecinos es clave para denunciar nuevas usurpaciones en la ciudad.
Foto: MCR
Además, remarcó: “Sabemos que el primer control lo tiene que hacer el vecino, porque es quien vive en el barrio y conoce quiénes lo integran. Siempre tratamos de que el vecino sea parte también de ese control”.
Hernández detalló que, ante una denuncia —ya sea formal, cuando interviene la Policía, o a través de vecinos— el Municipio actúa en conjunto con las fuerzas de seguridad. “Siempre que hacemos un levantamiento tenemos que estar acompañados de la Policía”, afirmó, y destacó la colaboración con el comisario Lucas Cocha, con quien elaboraron un protocolo para casos de ocupaciones masivas e individuales.
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LAS CONSECUENCIAS
En cuanto a las consecuencias, advirtió que no solo se trata de un delito penal donde interviene el Ministerio Público Fiscal, sino también de sanciones administrativas. “La ocupación ilegal puede derivar en la inhabilitación y la sanción de hasta 20 años para acceder a tierra pública, y también en sanciones para otros trámites administrativos”, sostuvo.
En ese sentido, alertó: “A veces la gente dice ‘si me sancionan no tengo problema’, pero cuando después tiene que renovar el carnet se encuentra con determinadas situaciones. Es una sanción”.
También hizo referencia a la compra y venta irregular de tierras fiscales. “La compra o venta de tierra pública, tanto para el comprador como para el vendedor, trae aparejada una sanción e inhabilitación. El desconocimiento normativo no exime de responsabilidad”, afirmó, y agregó que existe una decisión política de aplicar “tolerancia cero” en estos casos.
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La primera recomendación es hacer la denuncia para que la Policía corroboré lo sucedido.
Finalmente, señaló que las ocupaciones han disminuido. Recordó un caso en el barrio Stella Maris donde intervino personalmente para dialogar con los vecinos. “No podemos permitir que la coacción en la toma de decisiones tenga origen en la ilicitud. No puedo hacer una toma y decir ‘denme tierra porque estoy tomando’. De ninguna manera lo vamos a permitir. El cumplimiento de la normativa tiene que ser la regla y no la excepción; debemos ser taxativos y no dar el brazo a torcer”, concluyó.
CONTACTOS DEL MUNICIPIO PARA DENUNCIAS O RECLAMOS
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