CÓRDOBA.- En los 22 años de vigencia de las retenciones el Estado se quedó con el equivalente a la totalidad del valor de un campo. El dato se desprende de un análisis del exfuncionario y consultor Néstor Roulet. El impuesto regresó con el decreto 310/02 de febrero de 2002, en el medio de una de las crisis más profundas de la historia argentina. Las alícuotas, al inicio, fueron del 10% para trigo y maíz y del 13,5% para soja y girasol (pagaban sólo 5% entonces), pero en abril subieron a 20% en cereales y 23,5% en oleaginosas.
En su trabajo Roulet establece que el Estado, al llevarse en la actual campaña US$14.166.537.500 por los 17,3 millones de hectáreas sembradas con soja, recauda un promedio de US$818,87 por hectárea. Lo que implica que, a un valor promedio de US$15.000 la hectárea agrícola del país [región núcleo], “se queda en forma anual con el 5,5% del valor de la tierra”. Roulet hizo cálculos con un campo de 200 hectáreas a 300 km de los puertos del Gran Rosario.
“El Estado prácticamente en estos 22 años de vigencia de las retenciones se quedó con el 100% del valor del campo”, explicó Roulet.
El presidente Javier Milei en su visita a la Sociedad Rural Argentina (SRA) en el marco de la Expo Angus prometió bajar impuestos: “En la medida que se empiece a recomponer las cuentas fiscales y vuelva el crecimiento económico, primero vamos a eliminar el Impuesto PAIS y después le van a seguir las retenciones, para que el campo sea totalmente libre”.
Remarcó que “acorde a las cosas que he prometido en la campaña, las estamos cumpliendo, solamente estamos terminando de desactivar las bombas que nos dejó el kirchnerismo, pero créanme que vamos a ser libres y vamos a salir adelante, y el campo va a tener un rol fundamental”.
El trabajo de Roulet cuantifica la presión tributaria que tiene el campo en el cultivo de soja en la campaña en curso por parte del Estado en todos sus niveles, ya sea en tierras propias como en alquiladas.
En la campaña en marcha, el 52,98% de la renta que deje la cosecha de soja en un campo alquilado será para el Estado. La cifra cae al 49,84% en el caso de un campo propio. Solo por la oleaginosa ingresarán a la recaudación US$13.675 millones, 52% del ingreso bruto de dólares.
El dueño de campo que alquiló a 15 quintales por hectárea (qq/ha), restándole el costo impositivo, le quedan 7,6 qq/ha (US$228,71 la hectárea). Si el valor del campo es de US$15.000 la hectárea, la renta es del 1,5% anual en dólares.
En el caso de un inquilino que invierte US$834 qq/ha, el resultado final es de US$37,82 por hectárea, lo que implica una renta del 4,5 % del capital invertido, con todos los riesgos climáticos, biológicos y de mercado que conlleva la producción.
“El Estado se queda con el 52% de los ingresos sin riesgo y sin inversiones -dice Roulet-. No hay caminos rurales ni rutas acorde a la producción, ni obras de sistematizaciones hidráulicas, ni seguros de riesgos climáticos, ni seguridad de carga, etc, etc”.
En su reporte, sostiene que al Estado le conviene el sistema de producción en campos alquilados, ya que en ese esquema suma los impuestos al inquilino y al arrendador y recauda 6,5% más: US$784,82 por hectárea y US$833,47 por hectárea, respectivamente.
Respecto de campañas anteriores -siempre en base a reportes de Roulet- el porcentaje de renta que en esta campaña queda en manos del Estado está en la mitad de la tabla. En la pasada fue 64,9%; en la del 2022, 50%; en la del 2021, 58%. Más atrás, en 2015, 46,6% y en 2019, 39,5%.
