El Gobierno nacional informó este lunes que remitió al Congreso un proyecto de ley para modificar la normativa vigente sobre glaciares. Desde la gestión de Javier Milei señalaron que la propuesta apunta a “ordenar el marco legal actual” y a “afianzar un modelo de federalismo ambiental que sea plenamente compatible con la Constitución Nacional”.
En términos concretos, la iniciativa busca facilitar el desarrollo de distintos emprendimientos mineros en la Cordillera de los Andes, especialmente vinculados a la explotación de cobre, que hasta el momento se encontraban limitados por la legislación actual.
El proyecto plantea redefinir el alcance operativo de la ley, incorporar mayores precisiones técnicas y clarificar la distribución de competencias entre el Estado nacional y las provincias.
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“A más de 15 años de su sanción, la mal llamada ley de Glaciares ha demostrado graves falencias interpretativas que generaron inseguridad jurídica, paralizaron inversiones productivas y afectaron el legítimo ejercicio de las competencias provinciales sobre los recursos naturales”, apuntaron desde el Gobierno y destacaron que la reforma busca establecer “reglas claras”. “Protege los glaciares que cumplen una función hídrica efectiva, fortalece los estándares ambientales vigentes y elimina la discrecionalidad que, bajo pretextos ideológicos, obstaculizó el desarrollo económico del país“, detallaron.
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Desde la administración libertaria destacaron además que la iniciativa “reafirma el mandato constitucional del artículo 41″ al señalar que “exige proteger el ambiente sin impedir el desarrollo humano”. Lo mismo consideraron respecto al artículo 124, que “reconoce a las provincias el dominio originario de sus recursos naturales”, y aseguraron que el nuevo texto “fortalece el rol de las autoridades provinciales en la evaluación de impacto ambiental, reconoce su capacidad técnica y científica, y promueve una articulación eficiente con el Inventario Nacional de Glaciares, a fin de contar con información precisa, actualizada y útil para la toma de decisiones“.
En contraposición, investigadores y comunidades locales alertan que cualquier debilitamiento de la protección sobre el ambiente periglaciar podría generar daños irreversibles.
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Los glaciares cumplen una función clave como reguladores naturales del recurso hídrico, ya que almacenan y liberan agua que garantiza la subsistencia de poblaciones enteras, la actividad agrícola y los ecosistemas de alta montaña. Diversos especialistas coinciden en que el impulso por modificar la ley responde más a intereses económicos que a fundamentos técnicos.
La evidencia científica respalda el rol esencial del periglaciar en el equilibrio hídrico y advierte sobre los peligros de intervenir estas zonas mediante prácticas propias de la megaminería, como detonaciones, drenajes ácidos, remoción de suelos y alteración de cursos de agua.