El Gobierno inició este martes formalmente la desregulación del mercado eléctrico, con el objetivo a largo plazo de que cada usuario del sistema pueda contratar su propia energía por sí mismo. De esa forma -entienden tanto los funcionarios como los ejecutivos del sector privado-, se generará más competencia y más eficiencia, por lo que bajarán los costos y las tarifas serán más baratas.
En concreto, la Secretaría de Energía publicó en el Boletín Oficial la resolución 21/2025, que abre el camino para que las generadoras eléctricas -como Central Puerto, Pampa Energía, YPF Luz, AES, Albanesi, MSU Energy y Genneia- puedan comprar el combustible necesario para sus máquinas térmicas -que usan gas, gasoil, fuel oil o carbón mineral- directamente a las productoras como YPF, TotalEnergies, Pan American Energy (PAE), Axion, Tecpetrol, Pampa Energía, Harbour Energy, Pluspetrol, la Compañía General de Combustibles (CGC), Raízen y Puma Energy sin la intervención del Estado.
Además, las generadoras térmicas, hidroeléctricas y renovables, dentro de las cuales se suman Enel, Aconcagua Energía, PCR y 360 Energy, podrán hacer contratos directamente con Grandes Usuarios -por ejemplo, Techint, Aluar, Holcim, Coto, Carrefour, Aerolíneas Argentinas, AySA y Trenes Argentinos- y distribuidoras -Edenor, Edesur, Edelap, etcétera-, sin que esté la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) en el medio.
Cómo funciona el mercado eléctrico en la Argentina
Hasta el momento, por medio de regulaciones que vienen desde 2006 y que fueron parcialmente derogadas este martes, el Estado se había colocado como el planificador central del funcionamiento del mercado eléctrico, al ser el comprador agregado tanto de los combustibles como de la energía. La rueda funcionaba así: el productor de gas y otros combustibles se lo vendía a Cammesa, que a su vez los entregaba a las centrales térmicas y después compraba la energía eléctrica para vendérsela a las distribuidoras.
La excepción era con algunos contratos que se negociaron en el Mercado a Término de Energías Renovables (MATER).
A partir de ahora, todo lo que está vigente seguirá igual, pero las nuevas centrales de generación de energía se tendrán que gestionar por sí mismas la compra de combustibles y la venta de electricidad con privados.
De esta manera, el Gobierno respetará los contratos de abastecimiento de energía (Power Purchase Agreement, PPA) que están en marcha apalancados en una certeza de plazos y precios con Cammesa -como usinas térmicas, parques eólicos y solares del programa RenovAr-, pero liberará el mercado para atraer inversiones en generación, transporte y distribución.
Así también se sostendrá el funcionamiento del Plan Gas hasta el 31 de diciembre de 2028, por el que las petroleras acordaron con Cammesa y las distribuidoras de gas un gran volumen de producción -principalmente de Vaca Muerta- a cambio de precios que están en torno a un promedio anual de 3,50 dólares por millón de BTU.
Si bien este programa complica la liberación plena del mercado porque las generadoras no pueden acceder por completo al gas sin la intervención estatal, el Gobierno entendió que no puede romper esos contratos que apalancaron las inversiones y los planes de financiamiento de las petroleras como YPF, Tecpetrol, Pampa Energía y PAE en los últimos años.
Milei busca recrear el funcionamiento que tuvo el sistema durante la década de 1990, que premiaba a los inversores más eficientes. En el resto de la región y el mundo el Estado solamente es el encargado del despacho.
Paso a paso: cómo sigue el plan oficial
El Estado empezó a intervenir cada vez más el sistema eléctrico en la Argentina tras el fin de la Convertibilidad, los congelamientos de tarifas que estaban “dolarizadas” y pensadas para sostenerse solo con el esquema “1 peso = 1 dólar” y la explosión de subsidios que sobrevino.
Después de 23 años y en un sendero contrario, progresivamente se van achicando los subsidios y los usuarios van pagando cada vez más precios de la energía que reflejan los costos de abastecimiento.
Para sanear al sector faltan resolver deudas equivalentes a US$ 1.000 millones de las distribuidoras con Cammesa, que se pondría como garante de los nuevos contratos entre privados.
SUBSIDIO PROVINCIAL A LA TARIFA DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Hoy firmé el Decreto 7/25 mediante el cual el gobierno provincial subsidiará con fondos propios el 100% del Valor Agregado de Distribución de energía para beneficiar a más de 106 mil usuarios residenciales de medios y bajos… pic.twitter.com/YHoHYFg5Jw
— Gildo Insfrán (@insfran_gildo) January 28, 2025
El gran riesgo que ve el sector es que una generadora pueda venderle energía a la distribuidora de una provincia y que el gobernador decida congelar las tarifas por decisión política en un año electoral. Sin tarifas, las distribuidoras cortarían el pago de la energía y defaultearían los contratos de abastecimiento.
Por ejemplo, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, decidió congelar las tarifas de la distribuidora Recursos y Energía Formosa S.A. (REFSA) y subsidiarlas, para “beneficiar a más de 106.000 hogares”.
Para eso, los privados quieren que el Estado nacional salga como garante de última instancia de esos contratos y que se negocien cláusulas de compensación ante esos posibles incumplimientos.
SN