Durante una audiencia realizada este jueves en la Oficina Judicial de Trelew, se conocieron nuevos detalles estremecedores de la causa en la que están acusados Marta Caucamán y su hijo, Juan José Ovejero, señalados como responsables de someter a un jubilado de 75 años a condiciones de esclavitud en la localidad de Paso de Indios. Ambos enfrentan cargos por reducción a la servidumbre en concurso ideal con lesiones leves.
Según expuso el funcionario de la fiscalía Rubén Kholer, el calvario comenzó en diciembre de 2022, cuando la mujer convenció al hombre de viajar a Esquel para atenderse por problemas de salud. Una vez allí, lo instó a solicitar un préstamo de 150.000 pesos en el Banco del Chubut, dinero que le fue retenido y utilizado en beneficio de los imputados. Posteriormente, lo persuadió de vender su vivienda en Paso de Indios, lo que terminó por dejarlo sin techo y bajo total dependencia de ellos.
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De acuerdo con la acusación, lo que en un inicio se presentó como un ofrecimiento de cuidado y contención se transformó en una trama de violencia y sometimiento. El hombre fue trasladado a la casa de Caucamán y Ovejero, donde comenzó a sufrir encierros, golpes, amenazas y todo tipo de humillaciones.
Trabajos forzados y castigos medievales
Los investigadores afirmaron que se lo obligaba a realizar trabajos forzados, a permanecer arrodillado sobre pedregullo durante horas como forma de castigo y, en ocasiones, se le negaba la comida. Incluso cuando se lo dejaba circular por el pueblo para realizar mandados, lo hacía bajo estricta vigilancia.
La Fiscalía también reveló que, en las fechas de cobro de su jubilación, la víctima era acompañada hasta la sucursal del Banco del Chubut, donde debía entregar el dinero bajo amenazas de violencia. A esto se sumó un engaño relacionado con la venta de un vehículo: Ovejero le vendió al hombre un auto que nunca llegó a su poder y que luego fue revendido a un tercero, dejándolo sin la unidad ni el dinero. El tormento se extendió hasta agosto de 2023, cuando finalmente se logró poner fin a la situación.
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En la audiencia, el defensor público Carlos Flores Pericich cuestionó la acusación y solicitó la liberación de sus asistidos o, en su defecto, que la prisión preventiva fuera reemplazada por arresto domiciliario. Argumentó que no existían riesgos procesales que justificaran la continuidad de la detención.
El juez Alejandro Rosales resolvió mantener la prisión preventiva de Marta Caucamán y Juan José Ovejero hasta la realización de la audiencia preliminar, al considerar que persisten los riesgos señalados por el Ministerio Público Fiscal.