Mínimamente ruido en las redes va a producir la nueva idea de Juan Grabois. Se trata, según explicó, de un nuevo impuesto a la riqueza similar al que impulsó el kirchnerismo en los tiempos de la pandemia, pero permanante y con un nombre altamente chicanero: “Proyecto Karina“.
“Estoy armando un proyecto que se llama Proyecto Karina, porque es el 3%“, dijo el el exprecandidato presidencial y ahora postulante en la provincia de Buenos Aires. De más está decir que el chiste alude al porcentaje/meme de la coimas que habrían revelado los llamados “audios de la corrupción”.
En declaraciones a Radio con Vos, el dirigente político sostuvo que el impuesto que en su momento empujó Máximo Kirchner “fue muy acertado”, pero que en su opinión tiene que ser fijo.
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Sobre los montos imponibles, dijo que está trabajando en las escalas, pero sería más o menos así: quienes tengan declarados más de US$10 millones pagarían el 3%; hasta US$5 millones, 2%, y hasta US$2,5 millones, 1%.
Aclaró: “Todos los que están abajo de eso, que son el 99,5% de los argentinos, no lo tienen que pagar”.
Además, planteó que quienes estén sujetos a la aplicación “armen una comisión para la trazabilidad de esos impuestos y que vean que va para la educación, para la salud de los niños y va para urbanizar los barrios”.
“Ahora con el blockchain tenemos la posibilidad de tener una trazabilidad 100% inviolable de cómo funciona eso”, precisó.
No es la primera vez que Grabois aprovecha públicamente el viralizado chiste del 3%. El domingo 7, cuando fue a votar, mostró esa cantidad de dedos mientras, con un mate en la otra mano, hacía la fila para votar.
¿Qué fue el impuesto a las grandes fortunas impulsado por Máximo Kirchner?
El impuesto a las grandes fortunas fue una medida que impulsó Máximo Kirchner en el Congreso a fines de 2020, en medio de la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia de COVID-19. La iniciativa, aprobada como un “aporte extraordinario y solidario por única vez”, apuntó a quienes tuvieran patrimonios superiores a los $200 millones de pesos.
La ley estableció una escala de alícuotas que iba del 2% al 3,5% para los bienes declarados en la Argentina, mientras que para los activos en el exterior las tasas fueron más altas, entre el 3% y el 5,25%. El objetivo declarado del Gobierno fue recaudar fondos para financiar programas sociales, sanitarios y de apoyo a sectores productivos afectados por la emergencia.
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No obstante, la aprobación del tributo desató un fuerte debate político y económico. Desde el oficialismo lo presentaron como una herramienta de equidad en un contexto de crisis, mientras que opositores y empresarios lo consideraron un castigo a la inversión y al ahorro. Varios contribuyentes de alto patrimonio, entre ellos figuras como Carlos Tevez y Gabriel Batistuta, recurrieron a la Justicia para intentar evitar su pago.
El escándalo del 3% que sacude a Karina Milei
El escándalo que involucra el presunto “3 %” se originó con audios filtrados del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, quien afirmaba que había un sistema de sobornos ligado a contratos de medicamentos. Según esos registros, la hermana del presidente y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, estaba recibiendo ese porcentaje de coimas junto a su mano derecha, Eduardo “Lule” Menem.
3% viral: Lluvia de memes y videos contra Karina Milei por el escándalo de las coimas
La repercusión pública fue inmediata. En el colegio donde vota Karina (Instituto Pedro Poveda de Vicente López) aparecieron los padrones vandalizados con un “3 %” junto a su nombre, en lo que se interpreta como una provocación política ligada al escándalo. Además, se hicieron memes, cánticos y cuestionamientos en su contra, en medio de una oleada de creciente malestar social por los recientes vetos del presidente contra la ley de emergencia en discapacidad, emergencia pediátrica y de financiamiento universitario.
En paralelo, la Justicia ya activó allanamientos en la ANDIS, investigaciones sobre Suizo Argentina, la empresa farmaceútica involucrada, y el juzgado a cargo busca determinar si los audios se corresponden con hechos reales o forman parte de una operación política.
LT