Dos proyectos ingresaron a la Cámara de Diputados para expresar el rechazo a la decisión del Poder Ejecutivo de retirar la candidatura de la Argentina para integrar el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el período 2025-2027. La movida del Gobierno, que se suma a la ausencia de representantes en las reuniones del organismo durante este año, abrió un frente de críticas en la oposición.
La diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade presentó un proyecto que no sólo expresa el repudio a la decisión, sino que denuncia un “vaciamiento” de la política de derechos humanos y un retiro “categórico” del multilateralismo. El texto advierte que la Argentina renuncia así a un rol histórico de protagonismo en ese espacio, y vincula el apartamiento internacional con la situación interna, marcada —según Frade— por represión a la protesta social, persecución a organizaciones sindicales y políticas, y un debilitamiento de las garantías democráticas.
En paralelo, la diputada de Encuentro Federal Margarita Stolbizer presentó una iniciativa que plantea su “profunda preocupación” por la misma medida. En su proyecto, la legisladora recuerda la activa participación que el país tuvo en el Consejo desde su creación en 2006 —incluyendo la presidencia que ejerció en 2019— y advierte que el retiro de la candidatura implica resignar un espacio clave de incidencia internacional. Además, alerta que la política exterior del Gobierno muestra un creciente aislamiento, en línea con el anunciado retiro de la OMS y el alineamiento con gobiernos como los de Donald Trump y de Israel.
Ambas iniciativas resaltan el retroceso que implica la decisión de Javier Milei frente a una tradición de Estado en materia de derechos humanos, que dio a la Argentina prestigio internacional como referente en la lucha por la Memoria, Verdad y Justicia y en la defensa de los consensos multilaterales.
El debate quedó así planteado en el Congreso: mientras el oficialismo justifica su política de repliegue internacional en nombre de la “soberanía”, la oposición advierte que el país pierde influencia y credibilidad en uno de los foros más relevantes del sistema de Naciones Unidas.