La Justicia de Irlanda falló a favor de Argentina y rechazó el pago de los US$16.000 millones solicitado por los demandantes Petersen y Eton Park en el caso de la expropiación de la petrolera YPF, según informó la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN).
La decisión de la Justicia irlandesa hace referencia al fallo que había tomado la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde condenó a la República a pagar más de US$16.000 millones, más intereses, a los demandantes en el caso YPF, que buscaban el “reconocimiento y ejecución” de la sentencia dictada por la corte neoyorquina.
“Tanto Petersen como Eton Park han promovido acciones similares en otras jurisdicciones extranjeras. Por eso, la decisión irlandesa constituye la primera resolución en el marco de estos intentos de ejecución internacional y representa un precedente favorable para la República Argentina”, indicó el comunicado de la PTN.
“Este Gobierno, bajo el liderazgo del presidente Javier Milei, continuará defendiendo con firmeza y decisión los intereses nacionales”, aseguró el organismo a cargo de Santiago María Castro Videla.
Sobre el final, agregó que la decisión irlandesa “confirma la solidez de la defensa técnica desplegada”, así como el “compromiso con la protección de los activos estratégicos de la Nación”.
Esta es otra de las buenas noticias que se conoció en donde sale favorecida Argentina.
La primera se conoció el viernes pasado, donde la Corte de Apelaciones de Nueva York había resuelto mantener en suspenso la orden de la jueza Loretta Preska de entregar las acciones de la empresa petrolera como pago, en el juicio por la estatización del 51% de YPF.
Esta decisión se limita a la suspensión de la orden de entrega dictada el pasado 30 de junio, mientras se tramita la apelación correspondiente.
El próximo 25 de septiembre, la República tendrá que presentar su primer escrito para defenderse de la orden de Preska, en referencia al trámite de la apelación sobre la entrega de dichas acciones, mientras que el 27 de octubre se realizará la audiencia oral en la que el Gobierno Nacional tendrá que argumentar en contra del fallo original de primera instancia.